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Control ampliado de convencionalidad y responsabilidad administrativa. Los erradicadores de cultivos ilícitos afectados por minas antipersona.

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Título: Control ampliado de convencionalidad y responsabilidad administrativa. Los erradicadores de cultivos ilícitos afectados por minas antipersona.
Autor: Castro Rodriguez, Leidi Marcela; Goméz Goméz, William Henzcer
Email del autor: solucionesjuridicas.com@hotmail.com
Fecha: 2017-06-14
URI: http://hdl.handle.net/11522/8633
Descripción: En aras de “garantizar la paz” y la seguridad el Estado colombiano viene adelantando el programa de erradicación manual de cultivos ilícitos. Para este propósito, indirectamente vincula a civiles que voluntariamente pasan a trabajar en medio de la confrontación bélica, bajo la custodia de la Fuerza Pública. Debido a la existencia de campos minados en las zonas donde trabajan los erradicadores, estos han visto vulnerados sus derechos humanos a la vida e integridad personal a causa de minas antipersona y el Estado ha sido demandado por estos daños, sin que hasta el momento el Consejo de Estado haya tomado una decisión. Como se advierte a la entrada, este trabajo presenta un claro enfoque desde el derecho administrativo. Ello obedece a tres razones: primero, porque como bien lo señala Uprimny Yepes (1996, p. 52), cuando se habla de la responsabilidad por violación a los derechos humanos, una de las primeras relaciones que se establece es con el artículo 90 de la Constitución Política; segundo por la “inevitable y sustancial relación del artículo 90 CP con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, donde el artículo 90 de la Constitución Política es el “mecanismo de cierre del sistema de protección y garantía patrimoniales de los ciudadanos, frente al poder público”, es decir, una vía de control a la administración pública, donde la víctima ocupa el nivel central (Santofimio Gamboa, 2013, p. 133, 140) y tercero, por la tendencia reciente del Consejo de Estado a aceptar la doctrina del “control difuso de convencionalidad” (Radicación No.: 52001-23-31-000-1998-00565-01(34791) de 25 de febrero de 2016), donde el juez administrativo local opera como juez internacional. Indagar acerca de la imputación de responsabilidad al Estado por estas graves violaciones a los derechos humanos, requirió en primer lugar abordar el estudio del programa de erradicación manual de cultivos ilícitos en Colombia y la modalidad de contratación, cobrando relevancia el 11 análisis del derecho humano y fundamental al libre desarrollo de la personalidad, en su expresión como derecho de libertad contractual, sus límites y alcances, particularmente en un Estado Social de Derecho que se desenvuelve en un contexto de conflicto armado interno. Dado ese contexto, fue necesario abordar las implicaciones del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, analizando la importancia actual del control de convencionalidad. Teniendo en cuenta que en este trabajo se adoptó un modelo normativo de derechos humanos, se encontró una relación entre este modelo y la moderna teoría de la imputación objetiva, motivo por el cual fue necesario abordar su estudio; además, porque actualmente existe una tendencia a aplicar este criterio en el Consejo de Estado. Esta teoría puede ser valiosa en el juicio de imputación por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por cuanto parte de un análisis concreto de derechos y obligaciones en un contexto determinado – como el de conflicto armado -; sin embargo, se cree que algunos criterios dogmáticos de esta teoría, elaborados principalmente por teóricos penalistas, han sido adoptados casi que sin cambio por la doctrina y la jurisprudencia del derecho administrativo de daños, especialmente el criterio conocido como posición de garante, hecho que, como se verá, si bien pudo haber sido necesario en el derecho penal, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado no era necesario, ya que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo han desarrollado con suficiencia, además de otros criterios como la debida diligencia, el riesgo creado y las personas de especial protección.
Tipo: Tesis Maestría
Citación: Castro Rodriguez, L. M., & Goméz Goméz, W. H. (2017, junio 14). Control ampliado de convencionalidad y responsabilidad administrativa. Los erradicadores de cultivos ilícitos afectados por minas antipersona. Pontificia Universidad Javeriana, Cali. Tomado de (http://hdl.handle.net/11522/8633).


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