Martínez Pinilla, Iván LeonardoCerón Ñañez, NorbellyOrtiz Romero, Juan EstebanOtálora Betancur, Valeria2024-09-302024-09-302024https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/4059Con la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia adoptó la categorización formal de Estado Social de Derecho, un título que, más allá de su denominación, implica una diligente "preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos" (Corte Constitucional, t-406/92). Este enfoque consagra el reconocimiento y la aplicación de los derechos fundamentales como un pilar indispensable para asegurar estándares mínimos de dignidad humana. No obstante, en este escenario, es imperativo entender que estos derechos, aunque elevados a la categoría de fundamentales, no operan de manera incondicional, sino que se encuentran sometidos a escrupulosos análisis de proporcionalidad. Esta compleja dinámica se manifiesta de manera conspicua en el ámbito del derecho penal, cuya función como instrumento de control social implica la limitación de ciertos derechos consagrados en la carta política, destacando entre ellos el derecho a la libertad individual y el principio de presunción de inocencia (artículo 29). Así, se establece un intrincado equilibrio entre la salvaguarda de estos derechos y la necesidad imperiosa de imponer restricciones en aras de la justicia y la seguridad social. Emerge entonces una cuestión preliminar: ¿Cómo concilian las normas que postulan la máxima efectividad y aplicación de los derechos fundamentales con aquellas que sugieren su limitación? Este dilema adquiere especial relevancia en la Ley 906, el actual Código de Procedimiento Penal colombiano, que regula las medidas de aseguramiento, algunas de las cuales pueden restringir la libertad individual. Ahora, en un sistema jurídico eminentemente ponderativo, como el colombiano, que obliga a los jueces a ponderar, y se sustenta en la jurisprudencia que enfatiza la necesidad de ponderar, así como por la normativa que establece el juicio de adecuación, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, surge una cuestión cardinal: ¿Cuál es la praxis judicial al llevar a cabo el ejercicio de ponderación ante la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad en Colombia? Es por eso que, este trabajo de investigación se adentra en la exploración de esta pregunta, abordando las tensiones inherentes a la aplicación de medidas que, si bien buscan la protección social, pueden colisionar con principios fundamentales consagrados en la Constitución Política.91 p.application/pdfspaEstado social de derechoDerechos fundamentalesProporcionalidadSocial rule of lawFundamental rightsProportionalityhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2