Jiménez Hurtado, Luis JohnnyRodríguez, Mauro Demian2025-02-192025-02-192025http://hdl.handle.net/11522/4483Este trabajo examina la criminalización de la protesta social en Argentina y Colombia desde una perspectiva comparativa, considerando cómo los marcos constitucionales, penales y la jurisprudencia de cada país han enfrentado las manifestaciones desde principios del siglo XXI. En Argentina, el Código Penal y fallos relevantes como “Marina Schifrin” y “Julio Alberto Alais” reflejan un enfoque en el que el derecho a la movilidad y el orden público suelen prevalecer sobre la libertad de expresión. En Colombia, si bien la Corte Constitucional ha intentado equilibrar el orden público y los derechos de los manifestantes en decisiones como las sentencias C-742 de 2012 y C-009 de 2018, el marco penal incluye leyes como la 1453 de 2011 y la 2197 de 2022, que siguen un enfoque restrictivo. En ambos contextos, el derecho penal se convierte en una herramienta de control estatal y preservación de la estabilidad. El análisis revela que los Estados, en lugar de entender las manifestaciones como expresiones legítimas de participación democrática, tienden a percibirlas como una amenaza. Este enfoque implica un uso estratégico del derecho penal y judicialización, alineado con lo que el "derecho penal del enemigo" describe como un trato diferencial para aquellos percibidos como una amenaza al sistema social. La conclusión enfatiza la necesidad de reformas estructurales en ambos países para proteger el derecho a la protesta, mejorar los controles sobre las actuaciones judiciales y policiales, y promover la educación en derechos humanos. Solo un cambio que valore la protesta como una herramienta democrática logrará reducir la confrontación y fortalecer el Estado de Derecho.183 p.application/pdfspaDerecho de ProtestaDerecho de PeticionarManifestación PopularRight to protestRight to petitionMass Protesthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_16ec