Browsing by Subject "Arbitration ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)"

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    Caso de arbitraje internacional de inversión ante el CIADI: SolarOne Chile SpA vs. República de Chile
    (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2025) Calvo Córdoba, Guido Libán; Delgado Chaves, Rubén Ernesto; Arévalo Moscoso, María Alejandra
    Este documento detalla una controversia de arbitraje internacional entre SolarOne Chile SpA, una filial chilena de la empresa española Global Pure Green S.A. (GPG), y la República de Chile, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La disputa se centra en el proyecto de energía solar "Luz del Norte". Posición de SolarOne Chile SpA (demandante): La empresa alega que el Estado chileno violó el estándar de Trato Justo y Equitativo (TJE) establecido en el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Chile. SolarOne afirma que Chile implementó una serie de cambios regulatorios "abruptos y desproporcionados" que alteraron unilateralmente el marco legal y contractual bajo el cual se realizó la inversión. Estos cambios incluyen la reducción retroactiva del 35% de la tarifa del PPA, la revocación de exenciones fiscales, y la imposición de un impuesto adicional del 20% sobre los ingresos brutos de la generación de energía solar. La empresa sostiene que estas medidas violaron sus expectativas legítimas de estabilidad y generaron pérdidas financieras de aproximadamente 185 millones de dólares. SolarOne también defiende la competencia del CIADI, argumentando que, a pesar de estar constituida en Chile, su "control efectivo" recae en su matriz española GPG. Posición de la República de Chile (demandada): Chile objeta la competencia del CIADI argumentando que SolarOne es una empresa chilena y no cumple con el requisito de ser un "nacional de otro Estado Contratante". Chile justifica los cambios regulatorios como medidas necesarias y proporcionales dentro del "margen regulatorio estatal". El Estado argumenta que las medidas fueron una respuesta a un contexto excepcional de crisis nacional, incluyendo la pandemia del COVID-19 y las protestas sociales entre 2019 y 2021, que afectaron la estabilidad macroeconómica. Chile sostiene que mantener las condiciones originales del proyecto era "fiscalmente insostenible" y que las medidas se aplicaron de manera general y no discriminatoria.