Aplicación del sistema interamericano de derechos humanos por parte de los jueces administrativos de Cali
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Date
2015
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Publisher
Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Abstract
Colombia se ha caracterizado por ser un país con altos índices de vulneración a los derechos humanos y un alto nivel de impunidad según la Comisión Interamericana de Derechos humanos en su informe Verdad, Justicia y Reparación (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013). Esto ha ocasionado por un lado que las personas se vean afectadas en el goce efectivo de sus derechos y por otro que no se reparen estas vulneraciones. En este orden de ideas la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado Colombiano en 15 ocasiones por vulneraciones a los derechos humanos en su territorio, así mismo según el informe de gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 2014) a diciembre 31 de 2014 se encuentran 368 peticiones y casos en el Sistema Interamericano y según medios de comunicación hay más de 1600 peticiones pendientes en el mismo sistema (El Tiempo, 2014). Lo anterior a pesar de que en la Constitución se cuenta con un numeroso catálogo de derechos fundamentales y existen diferentes acciones judiciales ( Principalmente Acción de Tutela, Acciones Populares, medio de control de nulidad, medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, medio de control de reparación directa, acción de grupo) encaminadas a la defensa de estos derechos, razón por la cual consideramos necesario que los mecanismos o herramientas internacionales de protección a los derechos humanos se apliquen a nivel interno para garantizar en mayor medida la protección de los derechos humanos de las personas, para interpretar de forma extensiva los derechos humanos y para enriquecer la argumentación en las decisiones. Es poco lo que se conoce sobre la aplicación de estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos complementarios, ya que el único estudio realizado sobre la aplicación del SIDH en el país se remonta al año de 1989 cuando el entonces magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Carlos Valencia emprendió la tarea de indagar en los jueces de la ciudad de Bogotá el conocimiento que tenían sobre los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, obteniendo resultados para nada satisfactorios.