Browsing by Subject "Inversiones extranjeras"

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    Saluti vs. El Estado Colombiano: Sobre la vulneración al régimen de expropiación lícita y al principio de trato nacional (no discriminación)
    (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2025) Castillo Correa, Liza María; Carvajal, Cristian Fernando; Arévalo Moscoso, María Alejandra
    El trabajo de grado, modalidad caso difícil, analiza la disputa entre el grupo inversor español STARGROUP y el Estado colombiano, derivada de la intervención intervención forzosa de la Entidad Promotora de Salud (EPS) SALUTI S.A.S., controlada por la empresa española. El estudio se centra en las presuntas violaciones por parte del Estado colombiano al Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) suscrito entre Colombia y España en 2005. La EPS SALUTI, constituida bajo leyes colombianas y adquirida por STARGROUP en 2006, fue intervenida en 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) bajo el argumento de incumplimiento de indicadores de servicio y financieros. El trabajo explora los argumentos de la parte demandante, que acusa al Estado colombiano de vulnerar el principio de trato nacional y de incurrir en expropiación indirecta. En cuanto al trato nacional, se sostiene que el Estado excluyó de manera discriminatoria a SALUTI EPS de los programas de salvamento empresarial y de los alivios financieros que sí se concedieron a otras EPS nacionales en condiciones similares o incluso peores. Esta omisión, según el demandante, se traduce en un trato menos favorable basado en la nacionalidad de la inversión, contraviniendo el Artículo 3 del APPRI. Respecto a la expropiación, se argumenta que la intervención, toma de posesión de bienes y la posterior liquidación de la sociedad, sin una justa indemnización, constituyen una privación sustancial de la propiedad del inversor extranjero. La demandante alega que estas acciones fueron desproporcionadas, improvisadas e ilegales, y que el gobierno actuó con un "efecto acumulativo" destinado a remover a STARGROUP del control de su inversión, lo cual configura una expropiación indirecta según la jurisprudencia arbitral internacional. Por su parte, la defensa del Estado colombiano niega las acusaciones, sosteniendo que sus acciones son un ejercicio legítimo de su soberanía regulatoria para proteger el derecho fundamental a la salud de sus ciudadanos. La parte demandada argumenta que el trato diferenciado no se basó en la nacionalidad, sino en criterios técnicos de riesgo y viabilidad de cada EPS en un contexto de crisis sistémica del sector salud. Afirma que la intervención no constituye una expropiación, ya que las medidas no eran permanentes ni definitivas y no se materializó una transferencia de la propiedad al Estado. Además, señala que la demandante no solicitó formalmente los beneficios de salvamento, por lo que no puede alegar discriminación.