La presunción de inocencia frente a la medida de aseguramiento privativa de la libertad: una aproximación desde la constitucionalización del derecho
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Date
2024
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Pontificia Universidad Javeriana Cali
Abstract
Con la promulgación de la Constitución de 1991, Colombia adoptó la categorización formal de Estado Social de Derecho, un título que, más allá de su denominación, implica una diligente "preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos" (Corte Constitucional, t-406/92). Este enfoque consagra el reconocimiento y la aplicación de los derechos fundamentales como un pilar indispensable para asegurar estándares mínimos de dignidad humana. No obstante, en este escenario, es imperativo entender que estos derechos, aunque elevados a la categoría de fundamentales, no operan de manera incondicional, sino que se encuentran sometidos a escrupulosos análisis de proporcionalidad. Esta compleja dinámica se manifiesta de manera conspicua en el ámbito del derecho penal, cuya función como instrumento de control social implica la limitación de ciertos derechos consagrados en la carta política, destacando entre ellos el derecho a la libertad individual y el principio de presunción de inocencia (artículo 29). Así, se establece un intrincado equilibrio entre la salvaguarda de estos derechos y la necesidad imperiosa de imponer restricciones en aras de la justicia y la seguridad social. Emerge entonces una cuestión preliminar: ¿Cómo concilian las normas que postulan la máxima efectividad y aplicación de los derechos fundamentales con aquellas que sugieren su limitación? Este dilema adquiere especial relevancia en la Ley 906, el actual Código de Procedimiento Penal colombiano, que regula las medidas de aseguramiento, algunas de las cuales pueden restringir la libertad individual. Ahora, en un sistema jurídico eminentemente ponderativo, como el colombiano, que obliga a los jueces a ponderar, y se sustenta en la jurisprudencia que enfatiza la necesidad de ponderar, así como por la normativa que establece el juicio de adecuación, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, surge una cuestión cardinal: ¿Cuál es la praxis judicial al llevar a cabo el ejercicio de ponderación ante la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad en Colombia? Es por eso que, este trabajo de investigación se adentra en la exploración de esta pregunta, abordando las tensiones inherentes a la aplicación de medidas que, si bien buscan la protección social, pueden colisionar con principios fundamentales consagrados en la Constitución Política.
Description
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With the promulgation of the 1991 Constitution, Colombia adopted the formal categorization of a Social Rule of Law, a title that, beyond its name, implies a diligent "concern for material justice and for the achievement of solutions that take into account the specificity of the facts" (Constitutional Court, t-406/92). This approach enshrines the recognition and application of fundamental rights as an indispensable pillar to ensure minimum standards of human dignity. However, in this scenario, it is imperative to understand that these rights, although elevated to the category of fundamental, do not operate unconditionally but are subject to scrupulous proportionality analysis. This complex dynamic is conspicuously manifested in the field of criminal law, whose function as a social control instrument implies the limitation of certain rights enshrined in the political charter, particularly the right to individual liberty and the principle of presumption of innocence (Article 29). Thus, an intricate balance is established between safeguarding these rights and the imperative need to impose restrictions in the interest of justice and social security. A preliminary question then emerges: How do the norms that propose the maximum effectiveness and application of fundamental rights reconcile with those that suggest their limitation? This dilemma becomes particularly relevant in Law 906, the current Colombian Criminal Procedure Code, which regulates preventive measures, some of which may restrict individual liberty. Now, in a predominantly balancing legal system like Colombia's, which requires judges to balance, and is supported by jurisprudence that emphasizes the need to balance, as well as by regulations that establish tests of suitability, necessity, proportionality, and reasonableness, a crucial question arises: What is the judicial praxis when carrying out the balancing exercise in the imposition of preventive measures depriving liberty in Colombia? This is why this research delves into exploring this question, addressing the inherent tensions in the application of measures that, while seeking social protection, may collide with fundamental principles enshrined in the Political Constitution.
Keywords
Estado social de derecho, Derechos fundamentales, Proporcionalidad, Social rule of law, Fundamental rights, Proportionality