Caso difícil en contexto globalizado: Arbitraje internacional de inversiones
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Date
2025
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Pontificia Universidad Javeriana Cali
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Abstract
Este caso gira en torno a un conflicto entre la empresa minera canadiense Mining Canada Ltd y el Estado colombiano, que terminó en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El desacuerdo nace después de que Colombia revocara un contrato de concesión minera en Zaragoza, Antioquia, otorgado en 2016 por 30 años para la explotación de plata. Para la empresa, la decisión fue un golpe duro: además de perder la concesión, se eliminaron incentivos tributarios y se aprobó la Ley 1930 de 2018, que protege los páramos y prohíbe la minería en ellos. Mining Canada sostiene que estas medidas cambiaron las reglas de juego de manera abrupta, vulnerando el trato justo y equitativo y configurando una expropiación indirecta, lo que —según afirma— le ocasionó pérdidas por unos USD 130 millones. Del otro lado, Colombia defiende que actuó dentro de sus derechos soberanos y cumpliendo su deber de proteger el medio ambiente, especialmente el páramo de Urrao, un ecosistema vital para el país y el planeta. Según el Estado, las decisiones tomadas responden al interés público y no implican una violación de las garantías a la inversión extranjera, por lo que no habría lugar a indemnización. En el fondo, la disputa pone sobre la mesa una pregunta difícil: ¿hasta dónde puede llegar un Estado para proteger sus recursos naturales sin afectar la confianza y los derechos de los inversionistas extranjeros? Este caso se mueve en ese delicado equilibrio entre la defensa ambiental y la seguridad jurídica para la inversión internacional.
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This case centers on a dispute between the Canadian mining company Mining Canada Ltd and the Colombian State, which ended up before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). The disagreement arose after Colombia revoked a mining concession contract in Zaragoza, Antioquia, granted in 2016 for a 30-year silver exploitation project. For the company, the decision was a major blow: in addition to losing the concession, tax incentives were eliminated and Law 1930 of 2018 was enacted, protecting páramos and prohibiting mining in these ecosystems. Mining Canada argues that these measures abruptly changed the rules of the game, violating fair and equitable treatment and amounting to indirect expropriation, which —according to the company— caused losses of around USD 130 million. On the other hand, Colombia maintains that it acted within its sovereign rights and fulfilled its duty to protect the environment, especially the Urrao páramo, a vital ecosystem for the country and the planet. According to the State, the decisions taken serve the public interest and do not constitute a breach of foreign investment guarantees, thus no compensation is warranted. At its core, the dispute raises a difficult question: how far can a State go to protect its natural resources without undermining investor confidence and rights? This case operates within that delicate balance between environmental protection and legal certainty for international investment.