Las EPS enfrentan un desafío significativo debido a la falta de recursos financieros, exacerbado por problemas en la gestión de recursos entre aseguradores, prestadores y proveedores. Este problema ha intensificado el debate sobre la suficiencia del presupuesto para salud en la post pandemia. En respuesta, la ANIF y AFIDRO realizaron un estudio titulado “El desfinanciamiento del sector salud ronda los $10 billones”, que evaluó el déficit fiscal por la subestimación de la UPC y los Presupuestos Máximos de 2021 a 2023, proyectando las necesidades para 2024. El estudio analizó el funcionamiento del sistema de salud, revisó los ingresos y gastos, y reveló desbalances en la asignación de recursos. La Ley 100 estableció un sistema de aseguramiento en salud con la UPC para financiar los servicios del Plan Básico en Salud (PBS), mientras que los servicios no PBS se financian mediante Presupuestos Máximos. Sin embargo, estos mecanismos se han visto afectados por aumentos en costos, cambios en patrones epidemiológicos y el incremento de gastos por pacientes trasladados de EPS liquidadas.